Hay dos sistemas judiciales en Irán, el público y el revolucionario. Ambos son islámicos (toda ley secular fue abolida en 1982) y están bajo el jefe no electo del poder judicial – responsable solo ante el Líder Supremo. Los tribunales públicos tratan con derecho penal, comercial y familiar. Los tribunales revolucionarios tratan con amenazas percibidas al régimen islámico. Aquí hay arrestos arbitrarios, y a menudo los acusados no tienen acceso a abogados o derecho de apelación. Los cargos pueden ser tan amplios como "propaganda contra el régimen" o "insultar al Islam". Este sistema de tribunales es aterrador para todos los iraníes, pero periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas deben ser especialmente cautelosos – al igual que los cristianos. Pues es a estos tribunales que son llevados cuando son arrestados. Los creyentes a menudo son acusados de "acción contra la seguridad nacional".